El juicio político es el mecanismo que tiene el Congreso para destituir a un presidente, a un ministro o a un juez de la Corte Suprema antes de que termine su mandato. No es un juicio penal, sino uno de carácter político: no manda a nadie preso ni decide si alguien es culpable de un delito. El artículo 60 de la Constitución Nacional es taxativo sobre sus efectos: "su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación".
A quién se le puede hacer juicio político
El artículo 53 de la Constitución Nacional habilita el juicio político contra el presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros y los miembros de la Corte Suprema. Nadie más: un legislador, un gobernador o un juez de un tribunal inferior no se juzgan por esta vía, tienen sus propios mecanismos de remoción.
Las tres causales
La Constitución solo admite tres motivos: mal desempeño de las funciones (una causal amplia, que no exige que se haya cometido un delito, alcanza con haber ejercido mal el cargo), comisión de delitos en ejercicio del cargo, o comisión de delitos comunes, ajenos a la función. Cualquier otro motivo no alcanza para iniciar un juicio político.
Cómo funciona: Diputados acusa, Senado juzga
El proceso tiene dos etapas, con roles distintos para cada cámara. Antes de llegar al recinto, pasa por un filtro interno: cualquier funcionario o ciudadano puede presentar un pedido de enjuiciamiento (por ejemplo, contra un miembro de la Corte Suprema), y es la Comisión de Juicio Político de Diputados la que decide si lo admite. Si lo admite, abre un sumario de investigación, que puede incluir tomarle declaración al acusado, y al terminar emite un dictamen (aprobado por mayoría simple) que recomienda iniciar el juicio político o desestimarlo.
Recién ahí entra en juego el pleno de la Cámara de Diputados, que actúa como si fuera la fiscalía: si dos tercios de los presentes votan a favor, formula la acusación y elige a uno o dos diputados para sostenerla ante el Senado. El caso pasa entonces al Senado, que se convierte en un tribunal: sus miembros prestan un juramento especial para la ocasión, y también necesitan dos tercios de los presentes para dictar la destitución. Ninguna de las dos cámaras puede actuar sola, hace falta el mismo consenso amplio en ambas etapas.
Si el Senado destituye, el expediente pasa a la Justicia ordinaria si hay delito de por medio: el juicio político y el juicio penal son procesos separados, y uno no reemplaza al otro.
Cómo es en Catamarca
La Legislatura de Catamarca es bicameral, con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y el mecanismo provincial sigue una lógica parecida a la nacional: la Cámara de Diputados acusa, y la Cámara de Senadores, constituida en tribunal, juzga. Cuando el acusado es el gobernador o el vicegobernador, preside ese tribunal el presidente de la Corte de Justicia de la provincia, aunque solo vota en caso de empate. Antes de entrar al fondo del caso, el Senado tiene que resolver, también con dos tercios, si la acusación es procedente: si lo es, el acusado queda suspendido de forma automática en su cargo mientras dura el proceso.
El jurado de enjuiciamiento: la vía para remover jueces
En Catamarca, la mayoría de los jueces no se remueven por juicio político sino por un mecanismo distinto y más ágil: el jurado de enjuiciamiento, integrado por el presidente de la Corte de Justicia (que lo preside), un senador, dos diputados y dos abogados con más de diez años de ejercicio profesional. Solo un grupo acotado de cargos judiciales de mayor jerarquía (como el procurador general o los jueces de cámara) se remueve por juicio político; el resto pasa por este jurado.