Ya vimos cómo una ley recorre el Congreso hasta quedar sancionada. Pero ahí no termina el trámite: la ley pasa al Poder Ejecutivo, y el presidente tiene diez días hábiles para promulgarla o para vetarla. Si no dice nada en ese plazo, la ley queda promulgada igual, "de hecho", sin que el presidente tenga que firmar nada.
El veto puede ser total o parcial. El veto total rechaza la ley completa. El veto parcial objeta solo una parte y deja pasar el resto, aunque esto tiene un límite: la parte no observada solo se puede promulgar por separado si tiene sentido por sí misma y su aprobación no cambia el espíritu ni la unidad de lo que el Congreso votó en conjunto.
Cuando el presidente veta, la ley vuelve a la cámara donde se originó. Ahí el Congreso puede "insistir": si junta dos tercios de los votos de los presentes en esa cámara y también dos tercios en la otra, la ley se promulga igual, pese a la objeción del presidente. La votación tiene que ser nominal, es decir, con cada legislador diciendo su nombre y su voto en público, no a mano alzada. Si el Congreso no consigue esos dos tercios en las dos cámaras, gana el veto, y esa ley no se puede volver a tratar en las sesiones de ese mismo año.
El veto parcial tiene una vuelta de tuerca: la promulgación de la parte no vetada sigue el mismo trámite que un DNU, con revisión de la Comisión Bicameral Permanente que ya vimos en la lección anterior. Es la misma comisión, aplicada a otro tipo de norma.
Acá aparece el dato que sorprende a la mayoría: aunque la Constitución le da al Congreso la herramienta para anular un veto, casi nunca la usa. Entre 1983 y 2023 los presidentes argentinos vetaron, total o parcialmente, más de 400 leyes, y el Congreso solo logró insistir y anular 41 de esos vetos (menos de dos de cada diez). Y esos 41 casos pasaron todos entre 1983 y 2003: desde marzo de 2003 hasta hoy, el Congreso no volvió a reunir los dos tercios necesarios en las dos cámaras ni una sola vez. El presidente que más vetó fue Carlos Menem, con 195 vetos totales y parciales en sus diez años de gobierno.
Un ejemplo reciente y muy concreto: en septiembre de 2024, Javier Milei vetó la ley que cambiaba la fórmula de movilidad jubilatoria, después de que la aprobara el Congreso. Diputados intentó insistir el 11 de septiembre: consiguió 153 votos a favor, pero necesitaba 165 (los dos tercios). El veto quedó firme, y la ley no pudo volver a discutirse durante ese año legislativo.